Sí, la reforma moderniza completamente este trámite. Ahora el empleador tiene un plazo ampliado de 45 días hábiles desde la desvinculación para emitir los certificados, y la entrega se considera válidamente cumplida si la información se pone a disposición del trabajador de manera digital a través de los sistemas de ARCA (como el portal «Trabajo en Blanco»). Además, se eliminan los certificados intermedios; solo se entregan al cese de la relación laboral.

La ley soluciona el problema del «abandono de trabajo tácito». Si transcurren 2 meses seguidos sin que el trabajador se presente a prestar tareas y sin que el empleador le abone salarios, la relación laboral se considera automáticamente extinguida por voluntad concurrente de las partes, y no corresponde pagar indemnización alguna.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) cuentan con ventajas exclusivas, entre ellas:

• Posibilidad de pagar las sentencias condenatorias de juicios laborales en hasta 12 cuotas mensuales.
• Condonación de hasta el 90% (Micro y Pequeñas) u 80% (Medianas) de sus deudas a la seguridad social si ingresan al blanqueo laboral (Régimen de Promoción del Empleo Registrado).
• Eliminación del libro especial rubricado en formato físico, el cual es reemplazado por la simple registración digital ante ARCA.

• Los créditos laborales pendientes se actualizarán exclusivamente por inflación (IPC) más un interés del 3% anual, 
• Se fija un tope máximo del 25% sobre el monto de condena para el pago total de costas judiciales.
• Los peritos ya no cobrarán un porcentaje sobre el monto del juicio, sino un honorario fijo por su trabajo.
• Se elimina la aplicación del principio «in dubio pro operario» (duda a favor del trabajador) en la valoración de las pruebas; 

• La mayor parte de los ejes centrales ya cuentan con su decreto reglamentario. Entre ellos destacan el Decreto 315/2026 (que reglamenta los beneficios del RIFL), el Decreto 407/2026 (que aprueba las disposiciones varias como los recibos digitales y el control de ausentismo), el Decreto 408/2026 (que instrumenta el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral) y el Decreto 409/2026 (que establece las pautas del blanqueo laboral y el perdón de deudas).

• Se fija un tope máximo del 25% sobre el monto de condena para el pago total de costas judiciales.
• Los peritos ya no cobrarán un porcentaje sobre el monto del juicio, sino un honorario fijo por su trabajo.
• Se elimina la aplicación del principio «in dubio pro operario» (duda a favor del trabajador) en la valoración de las pruebas;