Sí, la Reforma Laboral (Ley 27.802) se encuentra plenamente vigente

 Actualmente, ningún artículo se encuentra suspendido. Si bien la CGT presentó una medida cautelar el 30 de marzo de 2026, la Justicia resolvió levantar dicha medida el 23 de abril de 2026, por lo que la ley volvió a tener vigencia y aplicación total.

Es un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica, destinado exclusivamente a ayudar a los empleadores a cubrir el pago de indemnizaciones por despido de trabajadores debidamente registrados. Se conforma mediante una contribución patronal mensual obligatoria del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, y es administrado a través de vehículos de inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral es un programa diseñado para reducir drásticamente los costos de contratación de nuevos empleados. Si se contrata a un trabajador elegible (como personas desempleadas o provenientes de la informalidad), la empresa pagará solo un 2% de contribuciones patronales al SIPA y Asignaciones Familiares, y un 3% al PAMI, durante los primeros 48 meses de la relación laboral.

La nueva normativa aclara que, para el supuesto en que el trabajador se encuentre dentro de su período de prueba, no será exigible la obligación de otorgar preaviso por parte del empleador.

Es un sistema flexible acordado voluntariamente que permite compensar las horas trabajadas en exceso durante un día con una menor jornada en otro, o mediante el otorgamiento de francos. El único límite estricto es que siempre debe garantizarse un descanso mínimo de 12 horas entre el cese de una jornada y el inicio de la siguiente.

Sí, la reforma moderniza completamente este trámite. Ahora el empleador tiene un plazo ampliado de 45 días hábiles desde la desvinculación para emitir los certificados, y la entrega se considera válidamente cumplida si la información se pone a disposición del trabajador de manera digital a través de los sistemas de ARCA (como el portal «Trabajo en Blanco»). Además, se eliminan los certificados intermedios; solo se entregan al cese de la relación laboral.

La ley soluciona el problema del «abandono de trabajo tácito». Si transcurren 2 meses seguidos sin que el trabajador se presente a prestar tareas y sin que el empleador le abone salarios, la relación laboral se considera automáticamente extinguida por voluntad concurrente de las partes, y no corresponde pagar indemnización alguna.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) cuentan con ventajas exclusivas, entre ellas:

• Posibilidad de pagar las sentencias condenatorias de juicios laborales en hasta 12 cuotas mensuales.
• Condonación de hasta el 90% (Micro y Pequeñas) u 80% (Medianas) de sus deudas a la seguridad social si ingresan al blanqueo laboral (Régimen de Promoción del Empleo Registrado).
• Eliminación del libro especial rubricado en formato físico, el cual es reemplazado por la simple registración digital ante ARCA.

• Los créditos laborales pendientes se actualizarán exclusivamente por inflación (IPC) más un interés del 3% anual, 
• Se fija un tope máximo del 25% sobre el monto de condena para el pago total de costas judiciales.
• Los peritos ya no cobrarán un porcentaje sobre el monto del juicio, sino un honorario fijo por su trabajo.
• Se elimina la aplicación del principio «in dubio pro operario» (duda a favor del trabajador) en la valoración de las pruebas;

• La mayor parte de los ejes centrales ya cuentan con su decreto reglamentario. Entre ellos destacan el Decreto 315/2026 (que reglamenta los beneficios del RIFL), el Decreto 407/2026 (que aprueba las disposiciones varias como los recibos digitales y el control de ausentismo), el Decreto 408/2026 (que instrumenta el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral) y el Decreto 409/2026 (que establece las pautas del blanqueo laboral y el perdón de deudas).